España muy lejos de los objetivos marcados por la UE para el vehículo eléctrico

Objetivos marcados por la UE para el vehículo eléctrico

En abril de 2021 España batió un nuevo récord en concentración de CO2 en la atmósfera, alcanzando la cifra de 421 partes por millón (ppm), la más alta desde que comenzaron las mediciones en 1958. El transporte por carretera, la mayor fuente de óxido de nitrógeno (39%), es un problema  agravado en los núcleos urbanos donde vive más del 75% de la población española; además las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte por carretera ya representan una cuarta parte de las totales de CO2 en España. Por lo tanto, la adopción de vehículos eléctricos en nuestro país es vital obligado por la normativa europea, marcando para España una cuota de contratación pública de un 36,3% de vehículos ligeros limpios (10% de camiones y 45% de autobuses) para la segunda mitad de 2025. Si  estos se recargan con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, se contribuye doblemente a los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe El vehículo eléctrico en España dirigido por May López, investigadora de la escuela OBS Business School y directora de Desarrollo de la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible.  Este interesante documento y tras reconocer la situación que atravesamos debido a la COVID-19, hace especial hincapié en el papel fundamental que desempeña la movilidad para garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental de un país, además de ser un derecho y un elemento de crecimiento económico.

La automoción es un sector estratégico en la economía española y representa el 4,53% de nuestro PIB.  Pero las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte por carretera ya representan una cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España, y la movilidad eléctrica es una de las claves en el proceso de descarbonización.

España produce el 3% de los coches del mundo y es el segundo productor de Europa, y si quiere mantenerse debe tener en cuenta objetivos y sendas que se están marcando, tanto por nuestros competidores, como por los mercados de destino de los vehículos de fabricación nacional. De los 48 modelos que actualmente fabrica España, 13 son eléctricos puros (8 son vehículos comerciales, furgonetas, y 8 híbridos enchufables, turismos), pero en 2035 todos deberán ser eléctricos puros o de hidrógeno. El informe de OBS recuerda que, para lograrlo España debe asegurar la correcta adaptación de las fábricas y el sector a objetivos que marca la UE para toda la flota: los automóviles deberán emitir un 15% menos de CO2 en 2025 y a partir de 2030 llegar a disminuir el 37,5%; en cuanto a las furgonetas, esta reducción será del 15% y 31% respectivamente.

Los objetivos fijados.  El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente han establecido el nuevo marco de la Unión Europea para lograr unos objetivos globales: 1º Llegar a la neutralidad climática para 2050; 2º Objetivos intermedios: reducción del 55% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030; y 3º Objetivos concretos: reducción del 90% de las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero generadas por el transporte para 2050, así como conseguir que más de 100 ciudades europeas sean climáticamente neutras en 2030, entre otros.

Objetivos vehículo eléctrico y puntos de recarga pública España 2030El pasado mes de julio, la UE adoptó el programa Fit for 55”, un amplio conjunto de propuestas para que las políticas de clima, energía, transporte e impuestos se adecúen para conseguir estos objetivos. Relativo a vehículos eléctricos, establece la necesidad de disponer de un punto de recarga eléctrica cada 60 km y un surtidor de recarga de hidrógeno cada 150 km, lo que significaría 3,5 millones de estaciones de recarga pública para dar servicio a los 80.000 camiones y 30 millones de automóviles ‘cero emisiones’ (5 millones en España incluyendo híbridos enchufables), que deberán estar operativos en las carreteras europeas en 2030. Con ello prevé una reducción de las emisiones en esta década de más de un 30% y una cuota del 28% de energía renovable en el transporte, principalmente mediante electrificación y biocarburantes. Entre otras obligaciones, la norma establece que a partir de 2023 todos los edificios que no se destinen a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán disponer de infraestructura de recarga. Y los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, es decir, más de 140 municipios españoles tendrán que establecer zonas de bajas emisiones en esa misma fecha.

Además, debido al auge de los servicios de reparto de mercancías y el aumento del impacto de estos en las áreas metropolitanas, “se deberán establecer medidas para conseguir que el transporte comercial avance hacia la electrificación promoviendo la adquisición de nuevos vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga mediante programas de ayudas”, afirma May López.

El punto de partida.  Pero, subraya el informe, es importante poner el foco en la gestión del final de la vida útil de las baterías y su reciclabilidad, porque según los cálculos del Foro Económico Mundial, para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono resultará necesario multiplicar por 19 la producción global de pilas y baterías.

Ayudas económicas

El Plan Europeo de Recuperación destinará un 30% de los 750.000 millones de euros asignados a políticas climáticas; incentivos que requieren de una correcta gestión y justificación de los fondos, todo un reto ya que históricamente España no ha sabido aprovechar los incentivos en su totalidad.

El pasado 13 de julio se aprobó el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destinado al desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado con una previsión de inversión total en el periodo 2021-2023 de más de 24.000 millones de euros. Así, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) movilizará 2.000 millones de euros para abordar la movilidad ‘cero emisiones’ y el despliegue masivo de electrolineras. Además, el MOVES III no será una línea que caduque cada año, sino que durará hasta 2023. Las ayudas para los particulares que adquieran un vehículo 100% eléctrico podrán llegar a una cantidad máxima de 9.000€ en el caso de furgonetas, 7.000€ para coches y 1.300€ para motos siempre que den de baja un vehículo de más de 7 años. Además, se dará una atención especial tanto a  autónomos como taxistas y VTC al ser vehículos que realizan más kilómetros; también a los residentes de zonas rurales de menos de 5.000 habitantes, sea para instalación de puntos de recarga como para adquisición de vehículos eléctricos.

Ayudas economicas vehiculos electricosEs importante mencionar el papel que los mercados de créditos de carbono o sistemas de comercio de derechos de emisión (ETS) están adquiriendo como herramienta incentivadora para fomentar proyectos y tecnologías de reducción de emisiones de CO2.

Evolución de la venta de vehículos eléctricos. El mercado de vehículos eléctricos se sitúa en los 2,9 millones a nivel europeo y en torno a 150.000 unidades en España, lo que supone alrededor del 0,4% de nuestro parque móvil. El primer semestre de 2021 mostró un crecimiento continuado, acumulando un total de 16.650 vehículos matriculados, un 32,8% más que en el mismo periodo de 2020 y un 41,9% frente al mismo periodo de 2019. Sin embargo, el objetivo marcado por la UE es alcanzar los 250.000 en dos años y los 5 millones en 2030. Pero afirma May López “actualmente no alcanzamos ni el 3% del objetivo que debemos cumplir en 10 años”.

La adquisición de vehículos electrificados va claramente en aumento y, durante el primer semestre del 2021 esta tendencia se ha mantenido. De hecho, la cuota total del mercado de turismos electrificados marcó récords en Europa y en España, llegando al 34,2% y 30% del total de vehículos matriculados respectivamente. Además de los programas de ayudas, han influido nuevas tendencias, como el carsharing, que ejerce de catalizador en este proceso de cambio hacia la movilidad eléctrica. El renting, por ejemplo, para aquellos usuarios que necesitan un mayor uso del vehículo, se está posicionando como facilitador indiscutible a la hora de acercar la movilidad eléctrica al usuario final.

Aunque en 2020 la venta de furgonetas cayó un 17%, fue un descenso  menor que el de turismos por el incremento del reparto de mercancía con entrega domiciliaria, donde es es protagonista absoluto. En el primer semestre de 2021 se matricularon en España 1.234 furgonetas eléctricas puras (BEV), un incremento del 17,4% ante el mismo periodo prepandémico. Las ayudas para este tipo de vehículos están contenidas en MOVES III, sin embargo, deja fuera al colectivo de autónomos que trabaja por cuenta ajena, es decir, más del 80% de los profesionales del sector del transporte. Para complementar el MOVES III, el MITMA presentó en abril las líneas generales del plan de impulso de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera.

En camiones ‘cero emisiones’, en el primer semestre de 2021 solo se  matricularon en España 9 unidades, muy lejos de los 8.000 que deberá tener en 2030 para cumplir los objetivos de la UE. La renovación de la flota en general se está produciendo con mayor lentitud de la esperada, con unas demoras de más de un año para adquirir un camión nuevo por la ralentización de la actividad de los fabricantes, tanto por la pandemia como por el retraso en el suministro de algunos componentes electrónicos.

El tipo de vehículo que tuvo mayor crecimiento en el sector eléctrico fueron los autobusesComparativamente, el tipo de vehículo que tuvo mayor crecimiento en el sector eléctrico fueron los autobuses, un aumento del 72,9% respecto a fechas prepandémicas. España no solo se ha situado como tercer país de la UE con mayor cuota de mercado de autobuses de propulsión alternativa (2 de cada 5), además mantiene su evolución en la adquisición de vehículos eléctricos puros, lo que indica cómo el sector público ejerce un poder tractor a través de las contrataciones de servicios de movilidad.

Por último, durante el primer semestre de 2021 se matricularon 2.672 ciclomotores eléctricos y 2.979 motocicletas, manteniendo el crecimiento en un 3,6 % y 20,2 % respectivamente respecto al mismo periodo de 2019.

Próximos retos.  La adaptación de la industria para alcanzar los objetivos de disminución de CO2 es compleja, especialmente por la crisis de semiconductores, que se prevé reducirá la producción de automóviles en todo el mundo en hasta 7,1 millones de vehículos en 2021. La escasez mundial de este componente sumado a las tensiones en la cadena de suministro por la falta de contenedores, supone un aumento en el coste de  materias primas y probablemente generará interrupciones del suministro hasta bien entrado el próximo año. El informe indica que el sector debe prepararse para no depender de los proveedores asiáticos de baterías, para lo cual la Comisión Europea ha comenzado a activar proyectos como la Alianza Europea de Baterías. May López subraya, “es clave que, desde la fabricación de baterías y vehículos hasta todo lo relacionado con la infraestructura de recarga y componentes del sector de la automoción, España desarrolle una industria propia y adapte la existente para poder mantener la actual posición como el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa y noveno a nivel mundial”.

En segundo lugar, es imprescindible acompañar el objetivo de llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos rodando en las carreteras españolas en 2030, con el desarrollo de la infraestructura de recarga pública. Europa establece en 3,5 millones el número mínimo de estaciones de recarga pública activas en 2030, cifra que deberá triplicarse en la siguiente década hasta alcanzar los 11,4 millones, y los 16,3 millones en 2050. La UE tendría que mantener un crecimiento del 30% interanual para alcanzar este objetivo. El objetivo a nivel nacional se fija en 100.000 puntos de recarga para 2023 y entre 250.000 y 340.000 en 2030. Lograrlo exige crecer un 40% interanual.

Desarrollo de infraestructura de recarga públicaSegún OBS, realizar con éxito la transición hacia una movilidad de emisiones bajas y nulas, exige proporcionar una seguridad política a largo plazo, así, en 2025 se creará una infraestructura troncal interoperable dentro de la UE. Ello permitirá a los conductores de vehículos eléctricos recargar en cualquier estación sin necesidad de suscribirse a la plataforma de diferentes operadores. Además subraya, “en España son puntuales las organizaciones que facilitan  interoperabilidad de la infraestructura de recarga, en contraposición con otros países europeos como Portugal”.

Finalmente, el reto que supone hacer rentables las estaciones de recarga. Una de estas se amortiza cuando tiene unas 4 recargas diarias, tomando  como promedio cargas de una duración de 30 minutos a 50kW de potencia. Es importante contar con estudios previos que permitan dimensionar la red, cubriendo objetivos mínimos, pero garantizando su rentabilidad, que también se debe mantener para el usuario del vehículo eléctrico, ya que actualmente la recarga en la red pública resulta ser la opción más cara frente a otros combustibles de automoción. Todos los puntos de recarga de acceso público financiados en el marco de los planes directores deberían ser capaces de realizar una recarga inteligente, de modo que se posibilite una alimentación flexible, e incluso la posibilidad de carga bidireccional”.

El informe concluye, el 70% de los usuarios de automóviles en España están dispuestos a cambiar a formas de transporte más respetuosas con el medio ambiente para su movilidad diaria (frente al 59% de media europea) siempre y cuando esa alternativa sea igual de rápida o con un precio similar. Por tanto, hay que hacer más asequibles en precio los modelos eléctricos, aumentar su autonomía, solucionar la falta de infraestructura de carga, facilitar el acceso a ayudas y poner en el mercado modelos para todos los segmentos.

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