La ciudad se construye para el ciudadano y no al revés

Entrevista a Javier Méndez, Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid

Javier Méndez. Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid

“La sociedad requiere cada vez mayor confort. Una calidad de vida que busca como objetivo el equilibrio difícil de múltiples  indicadores en los que los aspectos sociales y medioambientales sean la base de un nuevo concepto de ciudad,  la ciudad inteligente (Smart City).  Esta requerirá de herramientas que posibiliten la gestión de parámetros como movilidad, implicación de personas,  economía, habitabilidad, aspectos sociales  y  medio ambiente, entre otros posibles. Herramientas  imprescindibles para el desarrollo de una nueva sociedad”, reflexiona Javier Méndez.  Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, durante una conversación con “Datágora”.

¿Estamos haciendo lo suficiente en este sentido? 

*  El salto de la ciudad actual a la Smart no es fácil, ni se puede conseguir por el mero hecho de alcanzar un nivel de infraestructuras respaldadas con TIC. La información por sí misma sin una visión holística de las necesidades, es solo una herramienta, y las herramientas han de manejarse con un criterio común. Ese criterio común, ese equilibrio, es la base sobre la que se podrá cimentar una nueva sociedad, la sociedad Smart.

*  ¿Pero existe conciencia global del papel que el ciudadano  debe jugar en este contexto? ¿Qué puede hacer para pasar a ser un actor/productor de su ciudad y no un mero espectador /receptor de servicios?

Javier Méndez Director gabinete Técnico del Colegio Aparejadores de MadridSmart City es una  meta ambiciosa. Un sistema de sistemas, complejo y multidimensional, en el que las condiciones culturales, económicas, sociales y geográficas de cada ciudad son únicas. Logística y tecnología, recursos humanos, urbanismo y sostenibilidad de los barrios, energías renovables, una gran ensalada de opciones y mejoras posibles.

Ha sido preciso generar un marco normativo idóneo para las operaciones de rehabilitación y las de regeneración y renovación urbanas, ya que existían obstáculos legales que impedían su puesta en práctica o, incluso, su propia viabilidad técnica y económica facilitando la generación de ingresos propios para hacer frente a la misma.

*  ¿Por ejemplo? 

*   La calidad del aire de nuestras ciudades deja bastante que desear e incide directamente en la salud de los ciudadanos, con unas cifras que deberían calificarse de inaceptables en cualquier urbe que simplemente piense en la posibilidad de ser calificada como Smart.  El 55% del consumo de la energía, y proporcionalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero,  se produce en el sector de la edificación. Por otra parte, el 95% del parque edificatorio se ha construido antes del 2006, año en que empieza a entrar en vigor el CTE y los requisitos básicos mencionados en la LOE, del año 1999. Los Ayuntamientos han empezado a establecer, en base a diversos  indicadores, los barrios más vulnerables y hacia ellos dirige las áreas prioritarias de intervención de regeneración urbana mediante diferentes planes de Subvenciones, que siempre serán escasos para la realidad del parque.

El reequilibrio territorial de distritos y barrios, áreas de incentivación económica, redes de proximidad y espacios libres, espacios de identificación social, categorizar las vías en función de la movilidad precisada, prioridades de intervención en espacios públicos, aparcamientos disuasorios, reducción de acceso de vehículos, corredores verdes…..toda intervención en espacio público es susceptible de ser modelada por las aportaciones de todos los agentes, y los ciudadanos son uno de ellos, y quizás el principal ya que la ciudad se construye para el ciudadano y no al revés.

*  Se ha dicho que la instauración de las ciudades inteligentes “dependerá de la capacidad financiera y la madurez de los distintos ayuntamientos para acometer proyectos complejos de gran impacto”.  ¿Tienen los Ayuntamientos capacidad y voluntad de modificar su modelo de gestión?

Colegio Aparejadores de Madrid*  Se precisan mejoras como el empleo de las nuevas tecnologías. Desde la implantación de sensores en los propios paramentos, hasta el diseño de nuevas máquinas-herramientas que faciliten el movimiento y ensamblaje de los productos industrializados de grandes dimensiones.

Todas estas mejoras y datos recibidos del parque existente si directamente pueden descargarse  sobre un modelo parametrizado, BIM, el potencial de apoyo a la rehabilitación urbana es evidente.

Pero no olvidemos que el concepto de medio urbano es ajeno a la terminología tradicional urbanística española (suelo urbano, consolidado y no consolidado, o suelo urbanizado), procede de la Unión Europea y, en consecuencia, de documentos respecto de los cuales España ha asumido determinados compromisos internacionales. En ellos se utiliza el término “medio urbano sostenible”, y se liga, fundamentalmente, a aspectos de eficiencia energética y de actuaciones integradas en los barrios, buscando una política conjunta que aúne los aspectos sociales, medioambientales y económicos, de las operaciones en las ciudades preexistentes.

El Real Decreto Ley7/2015,  Texto Refundido Ley del Suelo y la Rehabilitación Urbana, establece el contenido del derecho de propiedad del suelo, regulado por las Comunidades Autónomas, y los Ayuntamientos en primera instancia. Establece al respecto: El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y conservarlos (deber de conservación) en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, así como realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación (el 50% del valor de una nueva construcción similar a la existente).

Javier Méndez. Director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid*   Hay un tema que no suele airearse en ponencias o comunicados: “el futuro de las ciudades incluye espacios donde las personas puedan volver a conectar con la Naturaleza y con ellos mismos” (Eider Fortea, de la Universidad de Mondragón). En otras palabras, los gestores locales junto con las empresas deben trabajar en un modelo de ciudad interactuando con sus ciudadanos, lo que implica un replanteamiento del modo de vida ciudadano y su relación con la ciudad.

 

La ciudad actual  requiere de unos servicios que se adecuan a la pirámide poblacional existente. Si la demografía sufre cambios importantes, como se produce con el incremento de la parte proporcional de una población en la que disminuye la natalidad y se incrementa el período de vida, los servicios y espacios requeridos cambiarán y será fundamental sustituir, por ejemplo, zonas deportivas de una población joven por espacios que precisen poblaciones de mayor edad, en la que los parques se sucedan muy próximos con diferentes servicios. Una ciudad en la que se puedan modelar con flexibilidad estos precisos cambios que han de ir también unidos a períodos económicos y movimientos migratorios, en definitiva una flexibilidad de diferentes indicadores a los que debemos dar respuesta como sociedad, al unísono.

Y en ello el contacto con la naturaleza, corredores verdes y/o parques, etc,  debe ser  innegociable. Un apoyo a minimizar el cambio climático que a la vez minimice el pernicioso efecto de isla de calor actual que sufren la mayoría de las ciudades, y nuestra salud como un elemento natural más.

*   ¿Cuáles son las barreras a derribar para impulsar proyectos público/privados? ¿Cómo combinar crecimiento urbano y desarrollo sostenible? ¿Hasta qué punto se pueden desarrollar medidas gubernamentales eficaces en un contexto de restricciones presupuestarias?

Al hilo de la pregunta anterior, en principio conviene mencionar  barreras físicas demasiado inminentes: en relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,   desarrolló el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, cuyos contenidos  serán de aplicación a partir del 04 de diciembre del año 2017, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal.

Por otra parte, en esa misma fecha el concepto de accesibilidad universal ha de estar materializado en todos los edificios, al menos al nivel del concepto de  “ajustes razonables” que se define en diversas leyes.

Asamblea Colegio Aparejadores

*   ¿Y los próximos objetivos? 

*   Nuevas tecnologías son necesarias en la sociedad, y por tanto nuestro sector ha de aprovechar su potencial innovador a este respecto. La garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos en  actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas. El diseño de  edificios de consumo casi nulo será el próximo objetivo.

Pero se precisa una gran inversión económica, proveniente de la colaboración público/privada. Nuevas herramientas urbanísticas son precisas ya que las actuales están pensadas para el desarrollismo y no para actuar sobre la ciudad existente. Conceptos como el Complejo Inmobiliario urbanístico, como elemento vertebrador de una nueva realidad urbanística. Una realidad en la que la redensificación urbana sostenible y regulada, en las zonas que se precise, los cambios de usos de edificios, etc. son necesarios para fomentar la inversión privada requerida.

 

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